Save the Children y Unicef han valorado que se amplíe la prescripción de los delitos sexuales contra los menores -ahora a partir de los 18 años- para abrir el plazo a los 50 años y que exista la obligación de comunicar cualquier sospecha de agresión a un niño.

Son algunas de las medidas que incluiría el anteproyecto de la ley de protección a la infancia, que el Gobierno tiene previsto aprobar mañana en el último Consejo de Ministros del año y que establece medidas de sensibilización, preventivas, de detección y de intervención en relación con la violencia hacia los menores.

El texto establece reformas legales, como la del Código Penal para ampliar el plazo de prescripción de los delitos sexuales contra menores, porque en la mayoría de los casos que llegan a denunciarse, las víctimas lo hacen en torno a los 35 años.

El 85 % de esos abusos y agresiones sexuales no se denuncian y los que lo cuentan, lo hacen a partir de esa edad adulta.

La ley establece la obligación de cualquier persona que tenga conocimiento de que un menor esté sufriendo violencia a comunicarlo, garantizando la confidencialidad y el anonimato.

El anteproyecto, que ha contado con las aportaciones de expertos del ámbito judicial, educativo, sanitario, del Tercer Sector e incluso de representantes de los niños, prevé la creación de juzgados de instrucción especializados en delitos contra la infancia y la adolescencia.