La Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, ha afirmado que “para UGT la violencia de género no es un negocio. Es urgente apostar por empleos con derechos, salarios de calidad y condiciones de trabajo dignas para las trabajadoras de los servicios de atención a la violencia de género. Un servicio marcado por las políticas de austeridad y recorte y el triunfo de los postulados de la nueva gestión pública (impulsando la privatización y la subcontratación), que ha supuesto empleos precarios, externalización de servicios, condiciones de trabajo indignas y un empeoramiento de la salud laboral de las trabajadoras”.

Cristina Antoñanzas ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa de presentación del estudio “Esto no es un negocio. La precariedad laboral en los servicios externalizados de atención a la violencia de género” elaborado por UGT a través de la investigadora Marta Cabezas, donde, además, han intervenido la Secretaria de Mujer y Políticas Sociales de FeSP-UGT, Luz Martínez Ten, la Secretaria de Igualdad de FeSMC-UGT, Vanesa Barco, y la propia Marta Cabezas, Doctora en Antropología Social y jurista especialista en género.

Una investigación basada en las trabajadoras del 016 y el Centro de Control de Medidas Telemáticas (COMETA), que refleja cómo la mala calidad del empleo en estos servicios está deteriorando la atención a las víctimas de violencia de género.

“971 mujeres asesinadas por violencia de género desde 2003; más de 13.000 violaciones entre 2008 y 2017; y más de 1,5 millones de denuncias por violencia de género desde 2007 exigen que no se escatime recursos en estos servicios”, ha señalado Antoñanzas.

En este sentido, ha demandado “servicios de calidad y estatales, que impliquen empleos y salarios dignos”. Y para ello, ha propuesto, en primer lugar, “que la Administración General del Estado inicie de inmediato el proceso de prestación directa de estos servicios en cuanto concluyan los contratos que ya están suscritos, para mejorar los niveles de empleo y salarios”.

Además, mientras estos contratos estén suscritos, Antoñanzas ha exigido “ejercer desde la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género la función de control de los contratos, designando los recursos y estableciendo las directrices necesarias; crear una Comisión de Control de las Externalizaciones dentro del Observatorio de Violencia de Género, que promueva la evaluación del impacto en la calidad del empleo y de los servicios de los procesos de externalización en marcha, así como la publicación de sus resultados; garantizar que los servicios se presten por personal cualificado en violencia de género, categorizado y remunerado como tal. Se debe recategorizar al personal de manera que no se encubran trabajos cualificados bajo categorías profesionales no cualificadas; y replantear la evaluación del desempleo del personal bajo criterios acordes a los estándares profesionales de intervención en violencia de género y de calidad de los servicios públicos en esta materia, y no de los call centersprivados”.

“Esta investigación es solo la punta del iceberg de un problema más amplio”, ha afirmado, “la calidad del empleo y de los servicios públicos de violencia de género. La segunda fase de este proyecto, como reto para 2019, incluirá la precariedad laboral en los servicios sociales de atención a la violencia de género autonómicos, municipales y locales. Es fundamental que estos servicios sean de calidad”.