Según se ha plasmado en el informe de la ponencia de la Cámara Baja, aprobado el pasado miércoles, el Congreso quiere que la violencia de género se convierta en una especialidad jurídica con las mismas pruebas selectivas de especialización y condiciones para el ascenso de los magistrados en su carrera profesional.

El informe recoge la necesidad de una mejor formación de los jueces en materia de principio de no discriminación y, para ello, se introducen “pruebas selectivas de especialización en violencia sobre la mujer“, análogas a otras especialidades ya presentes en el ámbito judicial y con un contenido que deberá decidir el propio Consejo General del Poder Judicial.

Según el texto, en la fase teórica de formación multidisciplinar se incluirá el estudio en profundidad de las materias que integran el principio de no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres, y en particular de la legislación especial para la lucha contra la violencia sobre la mujer en todas sus formas.

Asimismo, se especifica que todas las pruebas selectivas para el ingreso y la promoción en la carreras judicial y fiscal contemplarán el estudio del principio de igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo las medidas en materia de violencia sobre la mujer, y su aplicación con carácter transversal en el ámbito de la función jurisdiccional. “El temario deberá garantizar la adquisición de conocimientos de acuerdo con el principio de no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres y, en particular, de la legislación especial para la lucha contra la violencia sobre la mujer, incluyendo la normativa europea, y los tratados e instrumentos internacionales sobre igualdad, discriminación y violencia contra las mujeres suscritos por España“, especifica la norma.

Para el ascenso por escalafón será necesario que los profesionales hayan prestado tres años de servicios efectivos como jueces. Sin embargo, para presentarse a las pruebas selectivas o de especialización “bastará con dos años de servicios efectivos, cualquiera que fuere la situación administrativa del candidato“, según lo indicado en el informe.

El documento también recoge que se podrán presentar a las pruebas selectivas o de especialización en los órdenes contencioso-administrativo, social, civil y penal y en las materias mercantil y de violencia sobre la mujer, los miembros de la carrera judicial con categoría de magistrado y, como forma de acceso a la carrera judicial, los de la carrera fiscal. En ambos casos, será necesario haber prestado al menos dos años de servicios efectivos en sus respectivas carreras.

Se exige, además, que el Poder Judicial impulse, junto con el Ministerio y las comunidades autónomas, la creación de dependencias que impidan la confrontación de la víctima y el agresor durante el proceso. “Se procurará que estas mismas dependencias sean utilizadas en los casos de agresiones sexuales y de trata de personas con fines de explotación sexual“, se apunta.